Durante la pandemia, el robo de identidad se ha vuelto una problemática mucho más común. Un reciente estudio elaborado por la organización Onfido encontró que este tipo de fraude se incrementó 44 por ciento desde 2019. Tan solo en Estados Unidos, un informe de la Comisión Federal de Comercio identificó que el robo de identidad es la conducta ilícita más reportada por las y los consumidores.

En México, la dirección científica de la Guardia Nacional dio a conocer mediante una solicitud de información pública, que durante los primeros seis meses de 2021 se registraron más de 7 mil delitos cibernéticos, entre los que se encontraban el fraude en comercio electrónico, el acoso, extorsiones, ciberdelitos cometidos en contra de menores de edad y la suplantación de identidad. En específico, durante este periodo se identificaron 390 reportes ciudadanos por suplantación de identidad y seis reportes por el mismo delito en contra de menores de edad.

El robo de identidad es un fraude que tiene consecuencias muy graves para las víctimas, pues la obtención, transferencia, uso y apropiación indebida de sus datos personales afecta directamente en su reputación, patrimonio propio y familiar, en su seguridad y hasta podrían relacionarlas con delitos y otras conductas ilícitas. En esa misma tesitura, es relevante considerar que detectar este delito no es fácil, y muchas víctimas conocen que están siendo afectadas por este fraude hasta que reciben llamadas o notificaciones de cobranza, o se les niegan solicitudes de crédito de forma inesperada.

En ese sentido, como individuos, es indispensable adoptar medidas preventivas para reducir las brechas de información a nuestro alcance. Tal es el caso de las fugas de datos que se  dan  mayoritariamente por la pérdida o extravío de documentos, la obtención no autorizada de los datos personales al proporcionar la identificación y otra documentación para trámites y servicios, la clonación de tarjetas, y la cada vez más frecuente fuga  de  información de carácter personal mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales.

En primer término, debemos tener conciencia del gran valor de nuestros datos personales, entre los que podemos mencionar: nombre, edad, CURP, clave de elector, RFC, firma autógrafa o electrónica, dirección y estados financieros. Asimismo, se debe tener en consideración los riesgos y amenazas que conlleva un uso  poco ético de la información personal, mientras navegamos en línea o realizamos trámites. Pues los datos personales tienen una alta vinculación con nuestra integridad, con nuestra seguridad física y jurídica, además de ser objeto de protección del derecho a la vida privada, en cuyo ámbito se produce el libre desarrollo de la personalidad, elemento indesligable de la propia dignidad humana y base de todos los derechos humanos.

Es indispensable que, frente a las vulneraciones del derecho a la protección de los datos personales,   se   realicen las denuncias ante las instancias correspondientes. Entre enero de 2011 y noviembre de 2021, el Instituto Nacional de Transparencia,   Acceso   a   la   Información y Protección de Datos Personales (INAI) recibió un total de mil 769 denuncias por uso indebido de datos personales. En concreto, en relación con la suplantación de identidad, en el periodo que comprende 2016 y 2021, se integraron 152 denuncias.

En el INAI, comprometidos con el mandato constitucional que nos fue encomendado, reiteramos nuestra labor ante la sociedad y la voluntad para seguir trabajando de la mano con  las  instancias  públicas  y con las instituciones del ámbito privado, a fin de garantizar un tratamiento lícito, transparente y seguro de los datos personales.

Para conocer más sobre el tema y las medidas a implementar, las y los invitamos a consultar la Guía para prevenir el robo de identidad, disponible en: https://bit.ly/35Z4QJE